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LA DELEGACIÓN DE LA IZQUIERDA PLURAL EN EL PARLAMENTO EUROPEO ANTE LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA A ESPAÑA PARA 2014

La Delegación de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo ha decidido pronunciarse ante las Recomendaciones Específicas a España para 2014, publicadas por la Comisión Europea el pasado 2 de junio.
Estas recomendaciones persiguen profundizar el proceso de precarización y subdesarrollo de la economía del Estado español. La ideología neoliberal permea todas estas recomendaciones, que tratan de reducir la participación salarial en la renta para incrementar los beneficios de las inversiones del capital.

La delegación de la Izquierda Plural denuncia el profundo carácter anti popular de las medidas propuestas por la Comisión, que solo pueden incrementar el sufrimiento de la mayoría social del Estado español que soporta las consecuencias de la crisis. En un contexto donde se incrementan las desigualdades económicas, las políticas neoliberales solo pueden aumentarlas aún más.

Solo un cambio de modelo que apueste por la mayoría social puede permitir una verdadera salida de la crisis económica, estas recomendaciones son el ejemplo de lo contrario y es por ello que las rechazamos a través de la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA IZQUIERDA PLURAL EN EL PARLAMENTO EUROPEO ANTE LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA A ESPAÑA PARA 2014

El pasado 2 de junio, coincidiendo con la abdicación del Jefe de Estado, la Comisión Europea publicaba las recomendaciones específicas a España para el ejercicio de 2014. Dichas recomendaciones continúan en la nefasta lógica neoliberal de desmantelamiento de los servicios públicos y los derechos laborales conquistados, ignorando las gravísimas consecuencias sociales que su implementación están causando en el Estado Español.

La Comisión Europea, institución que ejerce de “guardiana de los tratados”, continúa manteniendo su línea neoliberal, independiente del coste humano que pueda suponer para los pueblos del Estado. Este rol ha sido sustituido por el de “guardiana de los mercados”, ya que impone de manera unilateral una política económica que permite garantizar los beneficios del sector bancario. Desde el inicio de la crisis se ha producido en el Estado español el mayor incremento de la desigualdad registrado en el mundo, sin embargo, este fenómeno parece no preocupar lo más mínimo a la Comisión.

Los funcionarios y funcionarias de dicha institución han pasado de exigir un objetivo específico en el déficit del presupuesto del Estado, a plantear una “senda de descenso constante” en el déficit del presupuesto del sector público “no inferior al 0,5% cada año”. Este objetivo supone la imposición de recortes constantes, independientemente del nivel de endeudamiento del Estado.

Esta “recomendación” se concreta en diferentes ataques específicos, entre ellos, el dirigido a los presupuestos de los diferentes niveles de la administración pública, sancionando los terribles efectos que la reforma de la administración local está produciendo en nuestros ayuntamientos. La Comisión también se refiere al sistema sanitario, planteando la racionalización del gasto sanitario, mientras dicen mantener la asistencia a grupos vulnerables. Se trata de un confuso y contradictorio objetivo, puesto que la racionalización económica de este gasto provoca directamente la anulación de más de derechos.

En el ámbito de la política tributaria, la Comisión europea tiene clara la intención de destruir la economía de los pueblos del sur de Europa para hacerlas aún más dependientes de las economías más fuertes del continente. Así, se mantiene su firme apuesta por los impuestos indirectos como el IVA, de naturaleza tan claramente regresiva. Todo esto con la justificación de no “distorsionar” unos mecanismos económicos que están llevando a la sociedad al desastre.

En el ámbito financiero, la Comisión reafirma la exigencia de que las cajas de ahorro, una vez saneadas de sus deudas con recursos públicos, vuelvan a manos privadas lo antes posible. Así mismo la Comisión, excediendo sus competencias, solicita una modificación del sistema judicial en el ámbito mercantil, para acelerar los trámites de los asuntos relativos a la insolvencia, en previsión de que continúe el cierre masivo de empresas.

En el ámbito laboral la Comisión propone la reducción del tipo de contratos con la intención de la precarización del conjunto de los y las trabajadoras del Estado. Asimismo se propone endurecer las condiciones para el acceso al desempleo, al mismo tiempo que plantea eufemísticamente la reducción de salarios, culpabilizando a éstos del elevado desempleo que azota al Estado. En referencia al empleo juvenil, la Comisión apuesta por los contratos de aprendizaje y periodos de prácticas para legitimar aún más la precarización de una juventud que no ha parado de sufrir abusos laborales ocultados tras contratos “formativos”.

En el ámbito de la inclusión social las recomendaciones plantean el paso de rentas de subsistencia al mercado laboral para tratar de reducir el gasto en dicho ámbito sin resolver el problema de la pobreza, pese a conocer que encontrar un trabajo no es garantía suficiente para salir de la pobreza en el Estado español, como ya había anunciado el propio Comisario de Asuntos Sociales, Lazlo Andor.

La Comisión propone vergonzosas medidas específicas dirigidas a la liberalización de diferentes sectores de la economía, atacando directamente a los colegios profesionales. Así mismo, llama a la supresión de disposiciones autonómicas de urbanismo que limiten la actividad de las grandes superficies comerciales con el impacto que esto supone para el pequeño comercio sin tener en cuenta la importante función social de dicho sector.

Este elenco de medidas “recomendadas” por la Comisión europea no puede hacer otra cosa que continuar el proyecto de empobrecimiento masivo de los hombres y las mujeres del Estado español para garantizar los beneficios de unos pocos. Inciden específicamente en la situación de las mujeres españolas, que sufren estas medidas por partida doble, precarizando sus relaciones en el ámbito laboral y sufriendo la carga de los cuidados familiares, allá donde el Estado retira las ayudas a la dependencia o la familia. Los Derechos Humanos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales no pueden situarse fuera de ningún ámbito legislativo y cuando se impulsan políticas en su ausencia se están realizando políticas en contra la humanidad.

Es la Comisión europea la culpable de la miseria social que están sufriendo nuestros pueblos. Estas recomendaciones legitiman las políticas de recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy está llevando a cabo en el Estado Español.

La Delegación de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo ha suscrito esta resolución como diputadas en el Parlamento Europeo, en respuesta a unas recomendaciones de la Comisión continúan aplastando a los pueblos del sur de Europa sin ningún control democrático.